En la iniciativa, se especifica que la norma incluye a los edificios administrativos, establecimientos educativos, hospitales y centros de salud, viviendas sociales y la infraestructura pública en general.

Luego de establecer que los edificios deberán generar al menos un 30% de su consumo energético estimado a partir de fuentes renovables, el proyecto le otorga prioridad a la incorporación de energía solar fotovoltaica, energía solar térmica y otras tecnologías, las que dependerán de su viabilidad técnica.

La autoridad de aplicación será el organismo con competencia en materia energética o de infraestructura que designe el Poder Ejecutivo y deberá establecer estándares técnicos, implementar mecanismos de sensibilización y capacitación en energías renovables, impulsar la innovación tecnológica, promover la industria local en la materia y supervisar el cumplimiento de la ley.

Por último, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios con municipios y comunas, organismos nacionales e internacionales, universidades y con el sector privado, con el objeto de concretar los objetivos de este proyecto.

Al respecto, Palo Oliver puntualizó: “la incorporación de energía solar en edificios públicos no sólo disminuye el impacto ambiental, sino también que tiene un impacto fiscal, generando un ahorro a largo plazo.

No se trata únicamente de llevar adelante una política ambiental, sino que al mismo tiempo se cuida el gasto público, se fomenta la innovación tecnológica y el empleo verde, se aprovecha el enorme potencial solar de la provincia y se da un ejemplo desde el Estado al sector privado y a toda la sociedad”.

Más adelante aseguró: “Con los diversos financiamientos obtenidos recientemente por el gobierno provincial, destinados a la ejecución de proyectos estratégicos que se vinculan con la eficiencia en edificios públicos y con la resiliencia climática, está claro que el camino emprendido es el adecuado. Sin embargo, necesitamos una norma que trascienda los gobiernos y las decisiones coyunturales, para que este tipo de políticas públicas se transformen en políticas de Estado, sostenidas a lo largo del tiempo e independientemente del signo político de quien ocupe el Poder Ejecutivo provincial. Eso se consigue mediante una ley que torne obligatoria la incorporación de sistema de generación de energía renovable”.

“Queremos cambiar un paradigma: pasar de edificios que consumen energía a edificios que también la generan”, finalizó Palo Oliver.